El quid de la política de vehículos eléctricos radica en su iniciativa estratégica para atraer a los fabricantes mundiales de equipos originales a establecer instalaciones de producción locales para vehículos eléctricos, lo que requiere una inversión sustancial de al menos 500 millones de dólares.
La política implica una reducción de los derechos de aduana al 15% (antes entre el 60% y el 100%) sobre la importación de unidades completamente construidas con un valor mínimo de 35.000 dólares, sujeto a ciertas condiciones.
En specific, este incentivo tiene un límite de 8.000 unidades al año y requiere un aumento gradual de la fabricación native, alcanzando un 25% de valor agregado interno en el tercer año y un 50% en el quinto año.
Además, la política introduce estrictos requisitos de garantía bancaria para compensar los derechos de importación no percibidos, garantizando la rendición de cuentas y protegiendo contra la pérdida de ingresos fiscales.
